“Se requiere de una fuerte decisión política para poder recuperar el salario y que se sostenga"

El Ejecutivo provincial anunció que dispondrá por decreto el adelanto al mes de julio de 8 puntos del aumento salarial pactado para el mes de septiembre y la reapertura de la negociación salarial en agosto.

A este respecto, Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense, dijo a Radio del Centro: “Tuvimos un anuncio hace algunos días del gobierno de la provincia, aplicado a todos los sectores del estado provincial de adelantar parte de la cuota que estaba pactada para septiembre en diferentes acuerdos salariales al mes de julio y las negociaciones que estaban previstas para el mes de noviembre al mes de agosto”.

“A partir de la próxima semana, en principio, el gobierno estaría en condiciones de empezar a convocar las diferentes paritarias para poder discutir aquello que resta del año”, mencionó, y agregó: “Con el adelanto que se hizo a julio el aumento salarial acumulado en el año asciende al 31 por ciento, ahora debemos discutir el aumento de septiembre a diciembre de 2021”.

“Es una discusión compleja porque todavía hay un nivel de incertidumbre importante en relación a cuál será el porcentaje de inflación en 2021. Los actores económicos plantean que estará en el orden del 50 por ciento anual. El gobierno que ya se corrió de la pauta del 29 o 30 por ciento ahora se encuentra previendo un 40 por ciento”, comentó el dirigente.

E indicó: “Significa que todavía existe un rango muy amplio de diferencia entre aquello que el gobierno analiza y asimismo otros sectores económicos que hace muy complicado fijar un porcentaje de aumento que garantizaría el objetivo de no perder contra la inflación y empezar a recuperar”.

“Lo más probable es que en el mes de agosto vuelva a hacerse un acuerdo parcial y discutirlo para tener alguna instancia de revisión en el mes de noviembre o diciembre”, consideró, y sostuvo que, “los aumentos salariales en 2021 deben garantizar un proceso de recuperación del salario real que implica puedan quedar por arriba de la inflación en cada uno de los tramos, es el objetivo de nuestra organización en la negociación”.

“Venimos de cinco años donde en los últimos cuatro el salario real de los trabajadores y trabajadoras cayó. En nuestro caso, la caída salarial de los últimos 4 años asciende a cerca del 26 por ciento, perdimos más de un cuarto de nuestro salario y por eso planteamos que se precisa de un proceso de recomposición y por lo tanto, el aumento de este año debe estar varios puntos por arriba de la inflación, es el debate que debería darse en la reapertura de la paritaria”, planteó.

Asimismo, afirmó: “Se requiere de una fuerte decisión política poder recuperar el salario y que se sostenga en el tiempo. Fue tan grande la pérdida que tuvimos principalmente en 2018 y 2019 que la recuperación nos demandará varios años.

“Garantizar una recomposición real del salario se logrará en tanto y en cuanto se tome como prioridad de política económica de recuperar el salario real en el país como herramienta para reactivar la economía”, espetó, y agregó: “Hoy importante sectores, inclusive al interior del propio gobierno, vienen planteando que no habrá recomposición económica sino hay recomposición real del salario que permita motorizar reactivar el consumo, el comercio y la producción”.

“No estamos dispuestos a seguir perdiendo contra la inflación, sentimos que no hay más margen y la mejor muestra es que actualmente el ingresante al poder judicial se encuentra ganando $ 42 mil, menos de dos tercios de la canasta que mide la línea de pobreza en el país”, enfatizó.

En cuanto al trabajo en pandemia, Abramovich subrayó: “Es nuestra responsabilidad que el Poder Judicial siga dando respuesta y se pudo realizar con un gran sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras porque las condiciones para prestar la tarea durante la pandemia no fueron ni remotamente satisfactorias”.

“Las medidas de cuidado que debió garantizar nuestro empleador llegaron tarde, llegaron mal y el otro dato relevante es que desde el principio de la pandemia existe un gran porcentaje haciendo labores remotas aunque en condiciones precarizadas porque se hacen con equipamiento propio y sin una compensación de los gastos, que son muchos, al conectarse desde sus casas”, soltó el dirigente, y apuntó: “Son ahorros que la Corte de la Provincia viene haciendo sin compensar el gasto que hacen los trabajadores y trabajadoras judiciales”.

En relación a la Negociación Colectiva, Abramovich expresó: “En Argentina y en el mundo tenemos un régimen de obligaciones laborales estableciendo que todas las condiciones de trabajo de cada sector tanto en el ámbito privado como público los empleadores deben discutir en el ámbito de la negociación colectiva con los sindicatos que representan a los trabajadores y trabajadoras de la actividad”.

“Es una regla desde hace 70 años en el mundo, en el Poder Judicial de la provincia no se cumple y todos los días la Corte de la provincia y la procuración general dictan normas de firma unilateral que afectan nuestras condiciones de trabajo, las determinan y no son discutidas con el Sindicato en una mesa donde se pueda consensuar”, esgrimió, y acotó: “Sin dudas tiene que ver con las características de un Poder Judicial que viene muy lento, adaptándose a un proceso democratización que viene teniendo el estado”.

“Presentamos un proyecto de ley para que se subsane esta deuda que tiene la democracia en el territorio bonaerense porque somos el único sector del estado provincial que no tiene garantizada la discusión de sus condiciones de trabajo en el ámbito de la negociación colectiva y básicamente obedece a una resistencia de la corte de no adaptar su funcionamiento a relaciones democráticas modernas”, remarcó el Secretario General de la AJB.

Y puntualizó: “Es una cuestión que no solamente afecta a quienes trabajamos en el Poder Judicial sino que significaría una gran contribución para tener un poder judicial más democrático y garantice mejores condiciones para que la ciudadanía encuentre una respuesta más adecuada. Hay una relación directa entre la jerarquización de los trabajadores con la respuesta que da cada uno de los sectores del estado”.

En otro orden, Abramovich manifestó: “Se necesita establecer un plan de infraestructura para mejorar las condiciones edilicias porque hoy el Poder Judicial está en una crisis terminal en tal sentido”.

Por último, expuso: “El Decreto 521 del gobernador habilita la convocatoria de personal dispensado de diferentes sectores del estado siempre que tengan al menos 1 dosis de la vacuna y 21 días de plazo desde que la persona se inmunizó. En nuestro caso, expresamos que debe de existir una norma interna del poder judicial que disponga esa directiva”.

“Tenemos una parte del personal vacunado pero no formamos parte de un régimen prioritario de vacunación y por lo tanto, ahora se están vacunando personas mayores de 30 años. No alcanza con que las personas estén vacunadas, menos con una sola dosis para garantizar una presencialidad plena porque la vacuna no garantiza que no haya contagios”, concluyó.